Por : Evolución Minera Perú

13 de mayo de 2025

La sorpresiva paralización de operaciones anunciada por Shougang Hierro Perú S.A.A. en su unidad minera de Marcona (Ica), ha encendido las alarmas en el sector minero y en las comunidades locales. Según el comunicado oficial de la empresa, la medida obedece a "conflictos sociales que impiden la normal continuidad de sus actividades". Sin embargo, la falta de claridad técnica, legal y ambiental detrás del cierre, y el silencio de las autoridades estatales, genera más preguntas que respuestas.

 Una resolución de 2013, revivida en 2025

El mismo día del anuncio, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó en su portal la Resolución Directoral N.º 212-2013-MEM/AAM, que aprueba una modificación del Plan de Cierre de la unidad minera “CPS N.° 1” de Shougang, ingresada el 24 de octubre de 2012 y aprobada el 21 de junio de 2013.

Este documento, de naturaleza técnica-preventiva y no ejecutiva, establece las condiciones bajo las cuales la empresa podría realizar, en el futuro, un eventual cierre ordenado, cumpliendo criterios ambientales, sociales y de seguridad. Pero no constituye ni una orden de cierre ni una autorización automática para abandonar operaciones.

 El problema: uso estratégico de un plan antiguo

El anuncio de cierre por parte de Shougang, amparándose indirectamente en ese documento técnico de hace más de una década, resulta preocupante. ¿Puede una empresa minera cerrar operaciones simplemente invocando un conflicto social, sin pasar por las verificaciones técnicas y legales actuales?

De ser así, el país estaría frente a una peligrosa puerta abierta a que empresas puedan evadir sus compromisos ambientales y sociales con solo anunciar una paralización unilateral.

 Más de 2,000 trabajadores en el limbo

El impacto inmediato es social: más de 2,000 trabajadores, entre directos e indirectos, se verán afectados por la decisión. No existen detalles claros sobre si recibirán indemnizaciones, si se activará un proceso de reubicación laboral o si se respetarán todos los derechos adquiridos. La comunidad de Marcona, que depende fuertemente de la actividad minera, enfrenta un duro golpe económico.

 Silencio institucional: ¿y el Estado?

La pasividad de las entidades competentes agrava la situación. Hasta el momento:

• El MINEM no ha emitido pronunciamiento alguno sobre si supervisará el cierre o fiscalizará el cumplimiento del plan aprobado en 2013.

• La OEFA no ha informado si verificará la situación ambiental tras la paralización.

• El Ministerio de Trabajo no se ha pronunciado sobre la situación laboral de los afectados.

• Ni el Gobierno Regional de Ica ni la Municipalidad de Marcona han emitido alertas oficiales.

Este vacío institucional pone en riesgo la gobernabilidad minera y el principio de sostenibilidad que debe regir toda actividad extractiva.

 ¿Qué se debe exigir?

En un país con más de 7,000 pasivos ambientales mineros identificados y en el que la confianza en el sector está estrechamente ligada a su compromiso social y ambiental, permitir que una empresa cierre sin supervisión ni consecuencias sería un grave retroceso.

Urge que:

• El MINEM active inmediatamente los mecanismos de supervisión del cierre.

• La OEFA realice fiscalizaciones ambientales preventivas.

• El Ministerio de Trabajo proteja los derechos de los empleados.

• El Congreso y los gobiernos regionales fiscalicen el accionar de Shougang y del propio Estado.

La minería moderna no se define solo por extracción, sino por responsabilidad, transparencia y cumplimiento normativo. Si Shougang busca cesar operaciones, debe hacerlo conforme al marco legal vigente, y con pleno control del Estado. De lo contrario, no estamos ante un cierre técnico planificado, sino ante una huida estratégica sin rendición de cuentas.