Lima, 15 de mayo de 2025. En el marco del próximo evento Expo Mineros y Proveedores – MINPRO 2025, el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, enfatizó la necesidad urgente de que el Gobierno suscriba compromisos de estabilidad jurídica para garantizar la continuidad y normal desarrollo de las operaciones mineras durante la próxima campaña electoral, sin afectar el flujo de inversiones ni la generación de empleo en el país.

Según el extitular del MEF, este tipo de acuerdos contribuirían a brindar predictibilidad en un contexto donde la incertidumbre electoral puede ejercer presión sobre las decisiones de inversión, especialmente en sectores estratégicos como la minería. “La tendencia general dependerá más de los precios internacionales de los metales y de la solidez del marco regulatorio, que del mero calendario electoral”, precisó Castilla.

Acelerar permisos y asegurar inversiones

Castilla también subrayó que otro paso clave para fortalecer el crecimiento económico del país es agilizar los permisos para proyectos mineros clave, con el objetivo de asegurar el flujo de 5,450 millones de dólares proyectados para 2025, lo que representaría un crecimiento real del 7.3% respecto al año anterior.

Recordó que históricamente, la inversión minera ha tenido comportamientos cíclicos relacionados tanto con los precios de los metales como con la coyuntura política. “En 2011, la inversión privada creció sostenidamente durante la fase de construcción de grandes proyectos; en 2016, tras las elecciones, la inversión minera cayó -43.5%; y en 2021, pese a la pandemia e incertidumbre, aumentó 23.1%”, señaló.

Urge destrabar más del 70% de la cartera minera paralizada

Durante su intervención, Castilla anticipó que una de las propuestas a debatirse en MINPRO 2025, que se realizará los días 24 y 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima, será la conformación de Mesas de Diálogo Regionales, como estrategia para destrabar los 39 proyectos mineros actualmente paralizados por conflictos sociales, ausencia de consulta previa o trabas administrativas.

Estos proyectos representan más del 70% de la cartera minera total reportada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), equivalente a 46,970 millones de dólares, de un total que supera los 62,000 millones.

“Estas mesas deben estar basadas en un enfoque de diálogo social, gobernanza y cumplimiento efectivo de compromisos en temas como infraestructura, empleo y servicios. Es fundamental que cuenten con protocolos de monitoreo y seguimiento”, añadió.

MINPRO 2025: espacio clave para el diálogo y la inversión

La realización oficial del evento fue confirmada mediante resolución del Viceministerio de Minas del Minem. Durante esta edición, el ministro Jorge Luis Montero Cornejo será el encargado de inaugurar tanto la feria como la VII Conferencia Internacional de Minería – Confemina.

El presidente del evento, Leandro García, adelantó que junto con MINPRO se llevarán a cabo tres ruedas de consultas y negocios sectoriales: Logistimin, Mantemin y Processmin, enfocadas en afianzar vínculos comerciales y operativos entre las principales empresas de la gran y mediana minería peruana.

Lima, 15 de mayo de 2025. En medio de un escenario político y social complejo, la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, tomó juramento ayer, 14 de mayo, al nuevo Gabinete Ministerial que estará encabezado por el abogado Eduardo Arana Ysa, quien hasta hace poco se desempeñaba como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La conformación de este nuevo equipo de ministros representa un intento del Ejecutivo por consolidar la gobernabilidad y enfrentar con mayor solidez los desafíos que atraviesa el país en materia de economía, seguridad, salud, educación, inclusión y reactivación de obras públicas.

Un gabinete mixto: nuevas incorporaciones y ratificaciones

El renovado Consejo de Ministros está conformado por una combinación de figuras nuevas y ratificaciones, destacando las siguientes designaciones:

• Eduardo Arana Ysa – Presidente del Consejo de Ministros (exministro de Justicia y Derechos Humanos)

• Walter Astudillo Chávez – Ministro de Defensa (ratificado)

• Raúl Pérez Reyes – Ministro de Economía y Finanzas

• Carlos Malaver Odías – Ministro del Interior (ratificado)

• Juan Alcántara Soria – Ministro de Justicia y Derechos Humanos

• Morgan Quero Gaime – Ministro de Educación (ratificado)

• César Vásquez Sánchez – Ministro de Salud

• Ángel Manero Campos – Ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri)

• Daniel Maurate Romero – Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

• Sergio González Guerrero – Ministro de la Producción (ratificado)

• Úrsula Leon Chempén – Ministra de Comercio Exterior y Turismo

• Jorge Luis Montero Cornejo – Ministro de Energía y Minas

• César Carlos Sandoval Pozo – Ministro de Transportes y Comunicaciones (ratificado)

• Durich Francisco Whittembury Talledo – Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

• Fanny Esther Montellanos Carbajal – Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

• Juan Carlos Castro Vargas – Ministro del Ambiente

• Fabricio Alfredo Valencia Gibaja – Ministro de Cultura

• Leslie Carol Urteaga Peña – Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Desafíos inmediatos

Este nuevo Gabinete tiene como principal reto responder a la demanda ciudadana de mayor seguridad, en medio del estado de emergencia en varias regiones del país; además de reactivar la economía nacional en un contexto de desaceleración e impulsar la ejecución de obras estratégicas en sectores clave como salud, educación, vivienda y agricultura.

Particular atención se concentra en el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, y en Carlos Malaver, quien deberá consolidar su gestión en el Ministerio del Interior para enfrentar la criminalidad organizada.

Asimismo, el premier Eduardo Arana deberá liderar la relación del Ejecutivo con el Congreso, garantizar la estabilidad política y articular políticas de Estado de manera transversal, bajo un enfoque técnico, dialogante y orientado a resultados.

La presidenta Dina Boluarte pidió al nuevo Gabinete actuar con “honestidad, eficacia y vocación de servicio”, y reiteró que los intereses del país deben estar por encima de cualquier agenda personal o partidaria.

Marcona, 12 de mayo de 2025.–La reciente paralización temporal de operaciones anunciada por la empresa minera Shougang Hierro Perú S.A.A. en el distrito de Marcona ha dejado en incertidumbre laboral a más de 7,000 personas, entre trabajadores directos e indirectos.

Según estimaciones del sector, la compañía emplea a más de 2,000 trabajadores de manera directa, quienes desarrollan labores en operaciones de extracción, procesamiento, mantenimiento, seguridad y administración. A ellos se suman más de 5,000 trabajadores indirectos, vinculados a empresas contratistas, transporte, alimentación, limpieza, soporte técnico y otros servicios complementarios.

El impacto social y económico de esta suspensión es significativo para el distrito de Marcona, cuya economía depende en gran parte de la actividad minera. La situación ha generado preocupación entre sindicatos, gremios de trabajadores y autoridades locales, quienes han solicitado la intervención del Gobierno Central para garantizar la protección del empleo y establecer mecanismos de diálogo que permitan superar esta crisis.

La empresa, por su parte, ha reiterado su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la disposición al diálogo con las partes involucradas.

Lima, 24 de abril 2025– En un fallo trascendental, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley N° 31720, que crea el canon hídrico como una medida de compensación para las comunidades impactadas por el trasvase de aguas. La decisión, contenida en la sentencia del Pleno del TC recaída en el Expediente N° 00016-2023-PI/TC, reafirma la constitucionalidad de esta normativa impulsada por el Congreso de la República.

La Ley 31720 establece un mecanismo de retribución económica a favor de las poblaciones que sufren las consecuencias directas de proyectos de trasvase o represamiento de recursos hídricos. Este canon busca mitigar los impactos negativos que estas obras pueden generar en el acceso al agua, la agricultura, la pesca y, en general, en la calidad de vida de las comunidades locales.

Puntos Clave de la Sentencia del Tribunal Constitucional:

• Informe Previo de la ANA: La distribución de los fondos del canon hídrico estará condicionada a un informe técnico detallado elaborado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Este informe será crucial para identificar con precisión las zonas geográficas que experimentan los efectos adversos del trasvase o represamiento de agua, asegurando que la compensación se dirija a quienes realmente la necesitan.
• Constitucionalidad de la Distribución: El TC ha determinado que la regulación establecida por el Congreso para la distribución del canon hídrico no contraviene el artículo 77 de la Constitución Política del Perú. El tribunal argumenta que la ley se refiere de manera genérica a las "circunscripciones" como posibles beneficiarias del canon, siempre y cuando se verifique la explotación de recursos naturales que generen ingresos para el Estado dentro de su jurisdicción.
• Rol de los Gobiernos Regionales: La sentencia aclara que la Constitución no exige que los gobiernos regionales sean los destinatarios exclusivos del canon en todos los casos. Si bien el artículo 196 de la Constitución menciona los recursos asignados por concepto de canon como parte de los bienes y rentas de los gobiernos regionales, el TC subraya que esto se refiere a aquellos canon que la ley específicamente les asigne. En el caso de la Ley 31720, el legislador ha optado por no incluir a los gobiernos regionales como destinatarios directos del canon hídrico, una decisión que el Tribunal Constitucional considera ajustada al marco constitucional.
• Potestad del Legislador: El TC reconoce la potestad del Congreso de la República para definir los mecanismos de distribución del canon, siempre y cuando se respeten los principios constitucionales. En este sentido, la decisión de no incluir a los gobiernos regionales como receptores directos del canon hídrico no se considera una vulneración del inciso 7 del artículo 196 de la Constitución.

Implicaciones y Ampliación:

Esta sentencia del Tribunal Constitucional reviste una gran importancia para las poblaciones que históricamente han enfrentado las consecuencias de los proyectos de trasvase de aguas, a menudo sin recibir una compensación adecuada por los impactos en sus ecosistemas y medios de vida. La Ley 31720, ahora respaldada por el máximo intérprete de la Constitución, establece un marco legal para garantizar que estas comunidades se beneficien de la explotación de un recurso natural que, si bien genera ingresos para el Estado, también puede alterar significativamente su entorno.

La exigencia de un informe técnico por parte de la ANA es un elemento crucial para asegurar la objetividad y la justicia en la distribución del canon. Este informe deberá identificar de manera rigurosa y basada en criterios técnicos las áreas geográficas que sufren los efectos adversos de los proyectos hídricos, evitando así discrecionalidades y asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

La discusión sobre el rol de los gobiernos regionales en la distribución del canon es un tema recurrente en el debate sobre la descentralización y la gestión de los recursos naturales en el Perú. Si bien la Constitución establece que los gobiernos regionales son receptores de canon, la sentencia del TC precisa que esta asignación está sujeta a lo que determine la ley específica de cada canon. En el caso del canon hídrico, el legislador ha priorizado la compensación directa a las poblaciones afectadas, lo que podría interpretarse como un mecanismo para asegurar que los beneficios lleguen de manera más directa a las comunidades de base.

Votación y Fundamentos:

La sentencia contó con los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga (presidenta), Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. Los magistrados Helder Domínguez Haro (vicepresidente), Francisco Morales Saravia y Gustavo Gutiérrez Ticse emitieron fundamentos de voto, lo que sugiere que, si bien coincidieron con el resultado final, podrían tener matices o precisiones adicionales en sus argumentos.

Próximos Pasos:

Con la constitucionalidad de la Ley 31720 confirmada, se espera que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) inicie a la brevedad los trabajos para elaborar los informes técnicos que permitan identificar las zonas afectadas y establecer los mecanismos para la distribución del canon hídrico. Este proceso requerirá de la participación activa de las comunidades locales y de los gobiernos subnacionales para asegurar que la compensación sea efectiva y responda a las necesidades específicas de cada territorio.

La decisión del Tribunal Constitucional representa un avance significativo en la búsqueda de una gestión más equitativa y sostenible de los recursos hídricos en el Perú, reconociendo los derechos de las poblaciones que soportan los impactos de los grandes proyectos de infraestructura.

Lima, Perú– La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, promulgó la autógrafa de ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, norma que regula el empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Esta modificación legislativa permitirá sustentar legalmente la intervención de las FF.AA. en apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra delitos de alta complejidad como la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo.

La nueva ley, que busca fortalecer la capacidad del Estado para garantizar el control del territorio y proteger a la población vulnerable, especialmente en zonas afectadas por el crimen organizado, fue suscrita en el Cuarto de Guerra contra la Delincuencia.

La presidenta Boluarte estuvo acompañada por el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro del Interior, Julio Díaz; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército David Ojeda, así como otras autoridades militares y policiales.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército David Ojeda, destacó que la modificación legal se basa en un mandato constitucional que faculta la intervención de las FF.AA. para preservar el orden interno cuando la magnitud de la amenaza supera las capacidades policiales. “Nuestra intervención en la lucha contra la minería ilegal busca garantizar la seguridad, proteger a la población, cuidar los recursos naturales y asegurar la presencia del Estado en las zonas más necesitadas”, afirmó el general Ojeda.

Asimismo, el jefe del Comando Conjunto resaltó la colaboración interinstitucional entre las FF.AA. y la PNP, informando que, entre el 17 y el 23 de abril, se realizaron 2,694 patrullajes conjuntos, con una participación diaria de un promedio de 4,000 efectivos militares.

La nueva ley representa un paso crucial en la estrategia del gobierno para combatir el crimen organizado y asegurar la presencia efectiva del Estado en zonas críticas como Madre de Dios, Pataz y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).